Bruselas demanda a España por no impedir la venta de «pezqueñines»
COMERCIALIZACIÓN
La Comisión Europea considera insuficientes los controles para evitar su comercialización
La acusa de no tomar medidas para evitar la descarga de capturas ilegales en los puertos andaluces
Las pescaderías logran equipararse a las grandes superficies en el plan estatal de comercialización
(Firma: Juan Oliver | Lugar: corresponsal | bruselas)
La Comisión Europea ha decidido demandar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no adoptar las medidas necesarias para impedir las descargas y la posterior comercialización de capturas por debajo de las tallas mínimas legales. La decisión -adoptada el mes pasado y a la que Bruselas no ha querido dar demasiada publicidad- podría conllevar graves sanciones para España si los jueces consideran que ha habido algún tipo de obstáculo o negligencia a la hora de aplicar la legislación comunitaria.
La demanda que ahora llega al Tribunal corresponde a una denuncia efectuada en el año 2000 por los servicios de inspección pesquera de la Comisión Europea, que detectaron importantes agujeros en los sistemas españoles de control de las descargas, defectos que, a su juicio, permitían la llegada a puerto y la posterior distribución en el mercado de pezqueñines que nunca deberían haber salido del mar.
Fuentes de la Comisión aseguran que la denuncia se refiere particularmente a la actividad de la flota andaluza, y que en ningún caso hay sospechas sobre descargas ilegales de inmaturos en los puertos gallegos, donde los hábitos de los consumidores no incluyen las preparaciones del típico «pescaíto frito» de la costa andaluza.
Endurecimiento
«El control que ejercen las autoridades españolas en algunos puertos sigue siendo insuficiente para prevenir e impedir que se descarguen y se comercialicen pescados capturados cuando aún están por debajo de los límites que marca la ley», aseguran fuentes cercanas al comisario de Pesca, el maltés Joe Borg, cuyo departamento lleva años anunciando un endurecimiento de las medidas contra los Estados miembros que no pongan coto a esas actividades ilegales.
El recurso de la Comisión ante el Tribunal de Justicia da por agotado el largo procedimiento administrativo que la Comisión puso en marcha tras la primera denuncia, y que dio a España casi siete años de plazo para mejorar sus sistemas de control. Bruselas envió primero una carta de emplazamiento -el primer paso del expediente infractor- y posteriormente un aviso motivado -el segundo escalón-.
La respuesta española a esas advertencias no fue satisfactoria, y el departamento de Borg ha decidido finalmente llevar el caso ante el tribunal.
En mayo del 2005, los jueces impusieron al Estado francés una multa de 20 millones de euros por incumplir una orden de la Comisión sobre el control de las descargas ilegales de alevines de merluza, similar a la que ahora afecta a España.
En aquella sentencia, referida a una denuncia de 1991, el Tribunal de Justicia añadió otra sanción de 57 millones de euros por cada semestre que Francia tardara en acatar las indicaciones de Bruselas.
El pasado 1 de marzo, y tras advertir que las autoridades galas seguían sin cumplir, el Ejecutivo comunitario ejecutó la nueva multa.
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