La Eurocámara pide más peso para la agencia contra la piratería
Los diputados quieren que se vete a los buques ilegales el acceso a los puertos europeos
Propone impedir el acceso a las ayudas europeas a las empresas implicadas en esas actividades
(Firma: Juan Oliver|Lugar: corresponsal | bruselas)
La Agencia Europea de Control de la Pesca debe tener entre sus prioridades esenciales la lucha contra la pesca ilegal, no reglamentada y no controlada, según la tesis que ayer acordó en Estrasburgo (Francia) el Pleno del Parlamento Europeo. Los diputados aprobaron por amplia mayoría un informe en el que reclaman a los Gobiernos y a las instituciones comunitarias, y en especial a la nueva agencia de Vigo, un mayor y más firme compromiso para erradicar esas prácticas, que según la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas (FAO) representan hasta el 30% de las capturas mundiales.
El informe es obra de la eurodiputada verde francesa Maria-Hélène Aubert, pero durante su debate en comisión ha recibido numerosas enmiendas de otros parlamentarios, como la gallega Rosa Miguélez (PSOE), quien estimó ayer que en la batalla contra la pesca ilegal «no se trata tanto de poner en marcha medidas más restrictivas como de aplicar mejor las ya existentes».
Miguélez es autora de varias enmiendas por las que la Eurocámara propone a la Comisión y a los países que garanticen que cualquier persona física o jurídica implicada en actividades ilegales no reciba ayudas públicas, ni con cargo a los fondos comunitarios ni al presupuesto estatal. También reclama que impidan a esos barcos faenar en aguas de la UE o acceder a sus puertos, salvo en casos de fuerza mayor por razones humanitarias.
Control y marco jurídico
La Eurocámara también quiere poner en marcha normas vinculantes en materia de control e inspección pesquera «dentro de un marco jurídico común de toda la UE»; intensificar la cooperación entre los socios comunitarios para reforzar los controles sobre la pesca ilegal; poner en marcha medidas para identificar el origen de las descargas; contribuir a establecer un sistema internacional de información sobre buques de pesca en alta mar; reforzar los mecanismos sancionadores; concienciar a las empresas pesqueras para que no se acojan a banderas de conveniencia, e incrementar la ayuda a los países en desarrollo, sobre todo, a los que mantienen acuerdos pesqueros con la Unión Europea.
El texto ha visto la luz verde poco después de que la Comisión Europea anunciara en Santiago que prepara una propuesta específica sobre la pesca ilegal para la que ha lanzado una consulta pública a la caza de sugerencias y recomendaciones.
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