El sector advierte a Pesca que es ilegal imponer un seguro a la producción
Inculcar «a cultura do seguro» entre el sector. Esa es la intención de la conselleira de Pesca, Carmen Gallego, al introducir en el anteproyecto de Lei de Pesca la obligatoriedad de contratar un seguro que garantice la cobertura sobre posibles daños a terceros y agresiones al medio ambiente, pero también sobre «danos ou perdas nas propias instalacións ou na produción causadas por circunstancias ordinarias ou extraordinarias». En esa línea se enmarca la póliza que la Consellería de Asuntos Marítimos ha contratado con Mapfre -y para cuya suscripción acaba ahora de lanzar una línea de ayudas-, que persigue que pescadores y mariscadores puedan recibir una indemnización diaria en caso de que no puedan faenar a causa del temporal o porque el mal tiempo dañe la producción.
Pero una cosa es que la contratación del seguro sea voluntaria, como en esta convocatoria -para la que se ofrecen subvenciones de hasta el 70% del coste-, y otra muy distinta es que esa cobertura se imponga por ley. La obligatoriedad que persigue Gallego no ha sentado muy bien en parte del sector, especialmente entre el más directamente afectado: mariscadores y bateeiros.
Tanto las cofradías de pescadores como las agrupaciones de mexilloeiros han arremetido en sus alegaciones a la Lei de Pesca contra ese seguro obligatorio a la producción metido por vía legal, pero, además, advierten a la conselleira de que esa pretensión es «ilegal».
Argumentos
El informe jurídico que ha elaborado la Federación Nacional de Cofradías para elaborar las objeciones de los pósitos a la Lei de Pesca pone de manifiesto que extender la obligación que los titulares de una concesión tienen para cubrir posibles daños a terceros a los beneficiarios de una licencia «invade competencias del Estado», que «en materia de contratos» tiene la competencia en exclusiva para dictar «la legislación mercantil y las bases de la ordenación del seguro», por lo que, «en tanto una ley estatal no establezca la obligatoriedad de una póliza, Galicia no es competente para establecerla», argumenta el informe legal.
Más allá van las asociaciones de mejilloneros, que en sus alegaciones recuerdan a Carmen Gallego que no es la primera que quiere obligar al sector a contratar un seguro contra las pérdidas de la producción. Ya lo intentó Amancio Landín en su etapa de conselleiro, que parió la idea cuando una virulenta marea roja puso en jaque al sector. La medida, en principio bien acogida, topó con la oposición del sector en cuanto conoció las condiciones de la póliza. La polémica acabó con la denuncia de los profesionales ante la Justicia: «Este asunto foi obxecto dun recurso por parte do sector mexilloeiro que chegou ante a Audiencia Nacional, que finalizou declarando só a obriga do seguro de responsabilidade civil. Por eso, sorprende que o anteproxecto de lei insista nunha imposición declarada xa ilegal», apuntan los bateeiros.
Fuera del rechazo a la imposición del seguro obligatorio, las alegaciones de cofradías y mejilloneros siguen distintos derroteros. Las primeras hacen el blanco de sus objeciones al supuesto recorte de poder que la Xunta pretende aplicarles en sus nuevas normas, pues estiman que se está olvidando que son corporaciones de derecho público bajo la tutela de la Administración y que se pretende meterlas en el mismo saco que al resto de las organizaciones del sector.
Título de la norma
Los bateeiros arrancan ya enmendando incluso el título de la norma, pues se consideran fuera de una Lei de Pesca que, a su juicio, debería ser Lei dos Recursos Mariños, porque también «debe incluir o resto de actividades». Además, quieren que se recojan expresamente en el texto las denominaciones de origen y las indicaciones protegidas, y se oponen a que se les obligue a señalizar las bateas, pues creen que esa tarea debe hacerse por parte de la Administración.
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