Armadores argentinos piden mayor control a la flota gallega en sus costas
Los profesionales que faenan en la pesca de pota en aguas del país austral denuncian que la actividad de buques extranjeros en aguas exteriores genera una competencia desleal.
Antón Luaces.A Coruña
El descontento existente en el sector pesquero argentino puede conducir a las autoridades nacionales a la aplicación de nuevas y más duras medidas de control a la flota extranjera (entre ella la gallega) que opera fuera de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país austral, dedicada a la captura de la pota (allí calamar).
La flota expresó su descontento en el Consejo Federal Pesquero por la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) y, anteriormente, en el Consejo de Empresas Argentinas (CEPA), que arrastran esta cuestión presentada ante el Comité de Pesca de la FAO en el año 2001 por la presencia de unos 300 buques poteros operando entre las 201 y las 215 millas de la costa argentina que los armadores y los responsables de pesca de aquel país consideran como una prolongación natural de su ZEE. Además, es la zona donde la pota se reproduce para, posteriormente, adentrarse en las 200 millas de dicha Zona Económica Exclusiva.
De momento, los empresarios pesqueros argentinos se refieren a la necesidad de que, tanto el Consejo Federal Pesquero como la Subsecretaría de Pesca de la Nación emprendan "acciones diplomáticas adecuadas" para alcanzar "una ordenación sostenible de los recursos que se encuentran tanto dentro de nuestra Zona Económica Exclusiva como fuera de ella".
Estas actuaciones diplomáticas, consideran los armadores argentinos, deben centrarse en los organismos multilaterales existentes, pero también en el inicio de negociaciones bilaterales con cada uno de los Estados involucrados "en procura de lograr acuerdos de cooperación". Este planteamiento conduciría a una investigación científica "para luego poder avanzar en algún mecanismo de cooperación que permita una ordenación de los recursos hacia el futuro".
No es ajena, en este caso, la situación creada en Malvinas y la mayor concurrencia de buques en aguas del Atlántico Sur, y de aquí que se proponga por parte de los defensores de los intereses de los armadores argentinos que se diseñe "una estrategia nacional que asegure la sostenibilidad de los recursos pesqueros, de las empresas y del trabajo genuino que la actividad genera". Recuerdan que el derecho del mar asigna a los países ribereños "el deber de negociar" y, de entrada, los propietarios de buques de pesca argentinos no renuncian a ello más que por miedo a decisiones supranacionales o regionales "que podrían comprometer medidas de ordenación que soberanamente y conforme el marco jurídico internacional adoptamos dentro de nuestra ZEE o de algún modo afectar la defensa de nuestros derechos soberanos sobre las islas Malvinas".
Los armadores argentinos reconocen que "todos los caminos pueden presentar complicaciones pero sin duda el peor camino es la inacción. Los daños están a la vista y son cuantificables".
Por esto y por viejas experiencias, la flota gallega que faena frente a la costa argentina, los armadores no descartan que se repitan circunstancias de acoso con inspecciones injustificadas fuera de la ZEE de aquel país.
Además, el temor se ha acentuado cuando el presidente de la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos, Fernando Giorgiadis, señaló que la pesca no declarada y no regulada que realizan los poteros en aguas exteriores a la ZEE "no sólo ponen en peligro la conservación del recurso sino que generan una competencia desleal". La flota argentina considera que esos barcos acceden a los mismos mercados con el mismo producto y tienen costes muy inferiores al buque de bandera nacional".
Entre las consideraciones de los armadores también está la necesidad de "alcanzar acuerdos bilaterales de conservación en dicha zona, en especial con la Unión Europea", y recomienda la "presencia permanente a lo largo de toda la temporada de pesca de la Armada y de la Prefectura Naval en nuestra frontera marítima".
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