Es público y notorio el respeto de AEMC por la labor periodística realizada por el Sr. Luaces a lo largo de su dilatada carrera profesional, sin embargo, en esta ocasión nos obliga a discrepar públicamente tanto de la forma como del fondo de su planteamiento, pues siendo cierto que eran varios capitanes los que ocupaban cargos en la Administración marítima cuando se gestó la catástrofe del Prestige, las decisiones trascendentes las tomaron, casi en exclusiva, un ministro -ingeniero de caminos- que metafóricamente medía por pinos la distancia a la que había que alejar al Prestige, un delegado de Gobierno -cuya titulación ignoramos- que llegó a confundir los meridianos con los paralelos y un director general -ingeniero naval- que confesó, -aparte de otras genialidades-, sus dificultades para entender qué rumbo hacía el barco siniestrado. Tras la gloriosa actuación de este triunvirato de genuinos capitanes marítimos, poco margen queda para hacer frívolas interpretaciones de la catástrofe del Prestige. Afortunadamente, a bordo del barco también había un capitán que supo estar en su sitio.

Lo más sensato, pensando en términos de racionalidad y eficacia, sería que para ocupar el cargo de capitán marítimo se exigiese ser capitán con experiencia en el mando de buques civiles, licenciado de la Marina Civil y funcionario/a público/a.

¿Cree usted que la denominación capitán de puerto o marítimo es gratuita y sin ningún tipo de conexión con el perfil profesional de quienes han de ejercer como tales?

¿Por qué el director de un puerto ha de pertenecer necesariamente al Cuerpo Técnico de Ingeniero de Caminos? ¿Por qué cuestiona que el inspector general de Buques, ahora subdirector, ha sido tradicionalmente un ingeniero naval y no un ingeniero (jefe) de Máquinas, que podría serlo perfectamente?

Del mismo modo que no tiene ningún sentido que el jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular sea un veterinario o un fisioterapeuta, tampoco lo tiene que quienes han elegido voluntariamente otra carrera pretendan posteriormente ejercer como expertos náuticos, porque en realidad distan mucho de serlo. No es una cuestión de clase, sino de racionalidad. Sería un grave error confundir las funciones meramente burocráticas con el saber hacer que requiere un capitán de puerto cuando las circunstancias exigen estar profesionalmente facultado para dar respuestas rápidas y precisas. Todos nos equivocamos, pero una cosa es equivocarse y otra carecer de la formación náutica específica que se requiere para ejercer como capitán de puerto. ¿Cree usted que el capitán de puerto es un político o un técnico?

Estamos inmersos en un modelo marítimo caduco y fracasado, un modelo en el que los gestores portuarios cometen errores de cientos de millones de euros y no se cumplen los plazos de ejecución de las grandes infraestructuras portuarias: Langosteira, Gijón, Las Palmas, Barcelona, etc. Un modelo que ha llevado al desplome de la flota pesquera y al esquilme de los caladeros, que ha generado el cierre de decenas de astilleros, que arroja un saldo escalofriante en la balanza de fletes y presenta un registro de accidentes impropio de un país moderno y civilizado. Y es dentro de ese marco aberrante donde puede tener cabida cualquier insensatez, por mayúscula que sea.

¿Cree usted que cualquier profesional puede ejercer como práctico de puerto?

España es un país netamente marítimo, por lo que no hay razones para renunciar a los más elementales principios de racionalidad y profesionalidad a la hora de organizar la Administración marítima. Quienes aspiren a ser capitanes marítimos conocen perfectamente la vía que deben seguir. Lo demás es tentar la suerte y seguir enfrentándose a un lamentable historial de fracasos y siniestros que tienen como factor común las carencias de una Administración marítima rancia, caduca y en fase de desprofesionalización progresiva.

De nada servirán floridos planes de contingencias, ni códigos, ni memorandos, ni convenios y demás instrumentos protocolarios si a la hora de la verdad quienes han de aplicarlos tocan de oído o se encasquillan ante el primer problema serio.

España aún tiene pendiente explicar con el debido rigor y con todas las pruebas sobre la mesa cómo un puñado de polivalentes navales convirtieron un simple accidente en una catástrofe que nos llena a todos de amargura, indignación y vergüenza.

Su propuesta es respetable, pero carece de fundamento.

José Antonio Madiedo Acosta

es presidente de AEMC (Asociación Española