La Consellería de Pesca anunció ayer las destituciones del director, el secretario y la jefa de estudios de la Escuela Náutico-Pesquera de Ferrol, después de que el 29 de enero abriese un expediente disciplinario a cinco trabajadores del centro por supuestos cobros irregulares por realizar exámenes fuera del horario lectivo.

La destitución, explica el departamento que dirige Carmen Gallego, deriva de la apertura de este expediente, que se inició a raíz de un informe previo del que dio cuenta, en su día en la Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia, la directora general de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro Fátima Linares Cuerpo.

El 29 de enero, la Consellería de Pesca dio a conocer la apertura de dicho expediente a cinco trabajadores del centro entre los que se encontraba el director, Julio Rodríguez Bona, y al día siguiente, 30 de enero, el portavoz parlamentario del PP de Galicia, Manuel Ruiz Rivas, exigió a la Xunta que se depurasen responsabilidades en el caso de los presuntos cobros irregulares. Ocho días después de esta demanda, la Consellería de Pesca ha adoptado la decisión de relegar de sus cargos al director, al secretario y a la jefa de estudios de la escuela náutica ferrolana.

La actuación del Ejecutivo gallego se inició a raíz de las denuncias realizadas por algunos directores de las academias que preparan a sus alumnos para examinarse en el centro. Según estas denuncias, recogidas por el PP, las escuelas homologadas por la Xunta tenían que pagar 50 euros para poder realizar los exámenes fuera del horario lectivo.

Sin embargo, las investigaciones sobre estas supuestas irregularidades ya se habían iniciado en el año 2005, pero el expediente se había archivado por falta de pruebas. Las acusaciones realizadas por algunos de los centros de formación fueron apoyadas por el PP de Galicia, que reprochó en diciembre a Pesca que "paralizase y no finalizase esa primera investigación".

Los populares aseguraron tener constancia de que esas anomalías se estaban produciendo y explicaron que poseían documentos en los que un responsable de una escuela de navegación certificaba el pago de 50 euros "en concepto de gastos de conserjería" y otro escrito en el que un miembro de la Asociación Gallega de Empresas de Enseñanzas Náuticas de Recreo (Ageenar) reconoce que el centro "cobra por la realización de exámenes los sábados".

La Xunta inició las investigaciones en el caso de los cobros irregulares a principios de diciembre del año pasado y, a raíz del informe previo elaborado por la Consellería de Pesca, abrió un expediente informativo para esclarecer los hechos.

Tras la decisión adoptada por la Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro, aparecieron los primeros encontronazos entre el Ejecutivo gallego y el director del centro náutico ferrolano. La desconfianza de la Consellería de Pesca hacia el máximo responsable de la escuela provocó que a mediados de diciembre se suspendiesen los exámenes que se iban a realizar para obtener el título de patrón de embarcación de recreo ante la posibilidad de que el director impugnase el tribunal impuesto por la Xunta.

Ante el temor a que cualquier grupo de evaluadores propuesto por Pesca fuese vetado por Julio Rodríguez -ya que la ley establecía que el director del centro debía ejercer como presidente del tribunal- el Gobierno autonómico decidió modificar la orden que regula la composición de los tribunales para que los máximos responsables de los centros náuticos sólo presidan la evaluación de los ejercicios cuando así lo decida la Xunta.