El sector pesquero exige en Santiago ayudas por el precio del gasóleo
Los manifestantes reivindicaban el control de las importaciones masivas de pescado, la regulación del precio en origen de los productos y una reducción del coste de los combustibles.
ANTÓN LUACES. SANTIAGO. Alrededor de 500 armadores, tripulantes y familiares, convocados por la Plataforma en Defensa del Sector Pesquero, se concentraron ayer, a las 12:00 horas, ante la sede de la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, en el edificio del Gobierno gallego, en San Caetano. La verja de acceso de vehículos a este recinto fue cerrada, y, en las proximidades de la misma, media docena de furgonetas con miembros de la Policía antidisturbios -que no intervinieron en ningún momento- protegían el recinto.
Los concentrados, procedentes de distintos puertos de Galicia
-en su mayoría de Burela,
A Guarda y Ribeira-, Avilés y Ondárroa, corearon consignas en demanda de soluciones para un sector que, según afirmaron, "se está hundiendo sin remedio por culpa de las importaciones masivas de pescado, los bajos precios en primera venta de las capturas realizadas por la flota española
-son los mismos que se registraban hace diez años- y el altísimo precio del carburante. Entre los concentrados se encontraban cinco diputados del PP, que manifestaron su apoyo a los planteamientos de los armadores y tripulantes.
Tras destapar cuatro botes de humo color naranja utilizado en la mar para señalar la posición del barco o cualquier objeto o persona caído al agua, se procedió a la lectura de un manifiesto cuyo texto había sido previamente consensuado por los responsables de la Plataforma. En él se aludía a la necesidad de mantener la unión para "hacer llegar nuestras reivindicaciones tanto a la Administración como a nuestro sector y al conjunto de la opinión pública del país". Se hizo mención a la apertura de expedientes sancionadores a los pescadores del Mediterráneo que habían participado en actos de protesta en sus respectivos puertos y en Madrid, y a la "profunda crisis" que vive el sector de la pesca y que conduce a la quiebra de muchas empresas: "Se perderán miles de puestos de trabajo. Esta crisis nos afecta a todos: a las empresas armadoras, a los trabajadores asalariados, y a muchas empresas y empleos directamente relacionados con el sector extractivo". De ahí que reclamen de las administraciones públicas "medidas concretas para salvar el sector", que deben ser concretas, contundentes y rápidas, porque no pueden asumir los actuales precios del gasóleo. Piden también que se recorte el precio de éste a un máximo de 30 céntimos de euro y que se cree una cuota especial para la flota. Aclaran que, con los precios actuales de los productos, no pueden asumir los gastos de explotación de los buques. Demandan, además, medidas extraordinarias de carácter laboral, como la reducción de los costes de la Seguridad Social y la reforma de los grupos de cotización. Acusaron al Gobierno de "estafar" a las empresas que se ven obligadas a pagar unos costes a la Seguridad Social con una base de cotización que duplica los salarios que perciben los tripulantes, caso de las armadoras de pesqueros con menos de 150 TRB.
Para los concentrados, sus peticiones no son nada ajenas a la Unión Europea: Reino Unido, Francia y otros Estados miembros han sabido dar respuesta a los planteamientos de sus armadores y tripulantes nacionales, sin que la Comisión Europea plantee reparos: "Queremos la igualdad con el resto de las flotas europeas, sin discriminaciones. Somos europeos para todo, para lo malo y para lo bueno". Por ello pretenden negociar con las administraciones la aplicación de medidas extraordinarias de carácter fiscal para garantizar la viabilidad de las empresas: fórmulas financieras como los préstamos bonificados en los tipos de interés, la reducción del riesgo económico de la actividad y el mantenimiento de la inversión en el sector de la pesca extractiva. Defienden un plan de revitalización de la flota interior, buscándole un valor añadido a sus productos sin dejar de lado la sustentabilildad del recurso, y exigen un precio mínimo de retirada, conforme se contempla en el reglamento 104/2000 de la UE. Quieren que se ponga fin a las importaciones ilegales emanadas de la pesca no autorizada, realizada por "verdaderos piratas de la mar", y no olvidan la formación: "Queremos que se reduzca la exigencia actual de los titulados a bordo de los buques pesqueros, dándole potestad de esa responsabilidad a patrones y capitanes, como hacen los barcos ingleses. Debe facilitarse el acceso de la juventud al mar, entorpecido por numerosos cursillos. La formación se completa con cursos complementarios, pero se adquiere una vez integrado en el sector pesquero". Y hacen ademán de negociar: "Si por parte de la Administración hay disposición al diálogo y la voluntad de cumplir los compromisos, nosotros no vamos a fallar. Tenemos la mejor de las disposiciones para sentarnos a la mesa. Nos va el futuro en ello. Si no quieren solucionar esta situación, que lo digan claramente, paguen los barcos por su precio justo y jubilen anticipadamente al personal del sector pesquero". Cerraron el capítulo explicativo con una llamada de atención: "Si nuestras reivindicaciones no se ven cumplidas, nos veremos en Madrid el próximo 24 de mayo. Esperamos no tener que llegar a esto". Tras la concentración, armadores, tripulantes y familiares se manifestaron alrededor del edificio administrativo de la Xunta coreando consignas contra el secretario general del Mar, el presidente de la Xunta y la conselleira de Pesca.
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