La flota de bajura critica el sistema de cuotas individuales transferibles
Los expertos dicen que el reparto no garantiza la sostenibilidad de la explotación pesquera
El sector denuncia que los derechos de pesca del caladero nacional facilitan la concentración de las posibilidades de captura en pocas empresas y provocan sobrepesca.
ANTÓN LUACES. A CORUÑA. Declarado el enfrentamiento entre la bajura y la altura por los intereses de unos y otros en el mar, y como resultado de sus distintas concepciones para la sostenibilidad de los recursos, el desencuentro es todavía mayor en lo que atañe a los derechos individuales de pesca trasladados al caladero nacional.
El sistema de aplicación de derechos en diversas pesquerías suscita ácidas críticas en la bajura y los representantes de esta, caso de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que cuestiona la utilización de ese sistema en las pesquerías artesanales.
En febrero de 2000, la VI Asamblea Nacional de Cofradías ya consideró que no era "positivo para la pesca de bajura la aplicación del sistema de cuotas individuales transferibles" de pesca.
El asesor jurídico de la Federación, Jacinto Insunza, señalaba en el IX Foro Valentín Paz Andrade (en marzo de 2007) que la flota de bajura está totalmente en contra de un sistema basado en cuotas individuales transferibles porque "las consecuencias de la implantación de este sistema habían sido desastrosas en algunas zonas tanto para los recursos pesqueros como para la bajura". Como aspectos negativos de este sistema apuntó "la concentración de derechos de pesca en un puñado de empresas; la dificultad de realizar un control; que es un sistema impracticable para las pesquerías mixtas, que es incompatible con algunos principios comunitarios que consideramos correctos, como el de libre acceso y de estabilidad relativa, dentro de sus parámetros; y que existe peligro de sobrepesca".
A la flota de bajura le parece más seguro que sea el Estado quien gestione las cuotas de los caladeros nacionales. Los armadores de barcos artesanales consideran que así las capturas no irían a parar a manos de nadie que pudiera manejarlas a su libre albedrío y condujese a las distintas pesquerías a una nueva situación de sobrepesca, teniendo en cuenta lo ocurrido con especies como la anchoa o la merluza.
Esta situación de desencuentro no es nueva pues ya se ha producido en distintos países iberoamericanos, caso de Chile, cuyas organizaciones pesqueras de bajura, que en un principio habían aceptado el sistema ITQ, ahora ponen en entredicho el mismo.
En Nueva Zelanda se repite el caso pues es otro de los países que, con Islandia, habían bendecido el "invento". Sin embargo, según Leith Duncan, "el principal efecto del sistema de cuotas ha sido excluir a los pescadores independientes y de pequeña escala de las pesquerías que caen crecientemente bajo el control de las grandes corporaciones que buscan exclusivamente las ganancias". "La propiedad de las cuotas se ha ido concentrando en las manos de aquellos con más poder en el mercado", añade Duncan.
Mientras, dos voces autorizadas de la Universidade da Coruña (UDC) dejan bien sentado el tema: el catedrático de Economía Aplicada y director del Instituto de Estudios Marinos, Fernando González Laxe, manifiesta que los derechos individuales de pesca delimitan la exclusividad y la complementariedad, pero no garantizan la eficacia y la sostenibilidad de la explotación pesquera.
La otra es la de José Freire, del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, quien en el invierno del año 2000 ya mostraba su preocupación por las consecuencias de la aplicación de un sistema de propiedad privada que, si bien obtuvo un éxito inicial relativo en la gestión sostenible de los recursos, generó nuevos problemas derivados de la concentración de cuotas en unas pocas empresas que, según este profesor, "pueden monopolizar la explotación y las decisiones sobre gestión, que se limitan en general a objetivos económicos" y que, por otra parte, "esa propiedad privada no excluye la sobreexplotación" de los caladeros.
La propia Comisión Europea reconocía en su Comunicación 73/2997 de fecha 26 de febrero, que alguno de los perjuicios de este sistema (Derechos Individuales de Pesca, ITQ) era el de la concentración de la propiedad de las cuotas, proponiendo para la pesca de bajura que se analicen los sistemas nacionales existentes para mejorar su eficacia.
La polémica abierta hace unos meses se mantiene y puede alcanzar cotas importantes si la Administración Pesquera española, responsable del caladero nacional, deja en manos de las empresas la explotación y el control de los recursos de la pesca.
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