Un juez imputa al capitán marítimo por la reforma irregular de un pesquero
El magistrado, que también llamará a declarar como imputado al inspector que firmó el proyecto, investiga si Gustavo Ortega permitió al armador modificar el barco sin pagar por el aumento del tonelaje.
LUI COSTAS. A CORUÑA. El Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña ha citado a declarar como imputado al capitán marítimo de A Coruña, Gustavo Ortega, por su presunta implicación en la reforma irregular de un palangrero con base en Ribeira. Junto a Ortega se encuentra imputado también un inspector que presta servicio en la capitanía coruñesa en comisión de servicios y que avaló con su firma el proyecto de obra del Toñete que ahorró al armador el pago de unos 84.000 euros en derechos de tonelaje.
Gustavo Ortega tendrá que presentarse con su abogado ante el juez para responder a las cuestiones que le hagan el titular del juzgado y el fiscal sobre su participación en la transformación del buque.
La reforma del Toñete que ahora investiga el juez se produjo hace un año, meses después de que los inspectores de la capitanía coruñesa descubriesen que la embarcación tenía graves fallos de estabilidad y que desde su construcción, hace ahora nueve años, había representado un peligro para la seguridad marítima y para sus tripulantes. En un intento por hacer del Toñete un barco seguro, la capitanía, el astillero y el armador pactaron una reforma que aumentó el volumen bajo cubierta del barco.De acuerdo con la legislación para barcos pesqueros de menos de 24 toneladas, el armador tenía que haber comprado la misma cantidad de tonelaje -de barcos en desuso- que pretendía sumarle a su embarcación, pero no lo hizo.
Como adelantó LA OPINIÓN en abril pasado, Gustavo Ortega autorizó la reforma e incluso envió un escrito a la Consellería de Pesca en el que aseguraba que el arqueo del barco no había sido modificado. El criterio del capitán era contrario al defendido por dos inspectores marítimos de la institución, uno de ellos, el ingeniero naval que firmó el proyecto de reforma y que actualmente se encuentra imputado en la investigación. Pesca también abrió una investigación sobre la actuación de la capitanía en la reforma del palangrero.
El juzgado abrió diligencias previas después de que el pasado 14 de julio, un funcionario de la Capitanía Marítima denunciase ante la Fiscalía Provincial las anomalías que Ortega supuestamente consintió para facilitar que el armador del buque pudiese faenar y renunciase a demandar a la Administración por la situación en la que se encontraba el Toñete cuando lo compró.
Un barco irregular
El armador estudió denunciar a la Capitanía porque cuando compró el barco tenía los papeles en regla pese a ser ilegal
Y es que el palangrero fue construido en 1999 en un astillero de La Parrilla (Asturias) con unas dimensiones diferentes a las que la Administración había autorizado y durante nueve años faenó por el Cantábrico sin cumplir con los criterios de estabilidad. Se trataba de un palangrero inestable, peligroso e ilegal, al que sin embargo la Administración marítima renovó durante esos nueve años sus certificados de navegabilidad y seguridad sin ponerle objeciones. Cuando el actual armador del buque, José González Queiruga, lo compró en el puerto cántabro de San Vicente de la Barquera, el Toñete tenía todos los papeles en regla.
Cuando el año pasado, los inspectores fueron a reconocer su barco y le advirtieron de que no podría navegar sin ser sometido a una reforma que le obligaría a abonar 84.000 euros en tonelaje, el armador montó en cólera y viajó hasta Madrid con un abogado para presentar una reclamación ante la DirecciónGeneral de la Marina Mercante. González Queiruga se quejaba de que había comprado un buque aparentemente legal y amenazó con demandar a la Administración por los perjuicios sufridos.
Fue entonces cuando la Capitanía Marítima buscó una solución intermedia. La obra consistió en colocar una cubierta sobre la que el barco ya tenía y rellenar los 55 centímetros que mediaban entre ambas con poliuretano. El armador aceptó además colocar un sobrepeso de diez toneladas en la quilla para que su pesquero superase las pruebas de estabilidad y le permitiesen salir a faenar en condiciones de seguridad. José González Queiruga, con quien este diario no pudo contactar ayer por encontrarse en el mar, estudiaba hace meses presentar una demanda contra la Administración por haber expedido certificados en regla a un barco ilegal, una documentación de la que él se fío a la hora de comprarlo.
José González Queiruga tendrá oportunidad de contar su versión de lo ocurrido. El juez también prevé llamarlo a declarar junto con el responsable del astillero Abeijón Hermanos, donde el Toñete fue modificado.
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