España es el segundo país que más infringe la política pesquera común
A. L. | A CORUÑA Italia, Francia y España acumulan más del 80% de las más de 10.000 infracciones graves registradas anualmente a la Política Pesquera Común, según denunció la organización ecologista internacional de conservación marina Oceana. Esta cifra demuestra la poca atención que los países prestan a la erradicación de esta situación, mientras se discute sobre el nuevo régimen de control.
Capturas sin autorización, falsificaciones de documentos, procesado indebido e incumplimiento de los reglamentos de tallas mínimas copan los primeros puestos de la lista año tras año, según un informe de la Comisión Europea, que analiza las infracciones cometidas en el 2006.
Los tres países se sitúan entre los que más irregularidades graves acumulan (8.641) respecto al tamaño de su flota (43.863 buques), mientras otros países, casos de Malta y Estonia, declaran cero infracciones, un hecho considerado insólito en el seno de la Unión Europea. La Comisión advierte del peligro de que la propia industria pesquera asuma ciertas sanciones económicas como un gasto ordinario más, despojando a la legislación vigente de toda necesidad de ser cumplida, lo que evidencia que vulnerar las normativas se está convirtiendo en un hecho habitual.
Durante los próximos meses se va a debatir el nuevo Reglamento de Control de la Unión Europea, en cuyo borrador -presentado en noviembre pasado- se observan interesantes avances como la mejora de los sistemas de registro electrónico, de la trazabilidad de las capturas o del aumento de la capacidad de control asignado a la Comisión.
Las infracciones graves de España en proporción a su flota constituyen un 15,43%, ocho décimas por debajo de Portugal y un 12% menos que Italia y Bélgica. En cuanto al número de infracciones graves declaradas por países, España figura en el segundo lugar de la UE, con 2.061, por detrás de Italia, que reconoce haber cometido 3.868 infracciones graves.
El actual estado de los caladeros europeos demanda de los estados la adopción de medidas como la persecución de los infractores, algo que, según Oceana, "parece faltar a día de hoy". La Agencia Comunitaria de Control de la Pesca, con sede en Vigo, concluyó que a pesar de todas las reuniones mantenidas entre la Comisión y los países implicados cumplir la legislación no fue una prioridad para la mayoría de los operadores.
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