El desguace como solución a la pesca
Los armadores españoles y gallegos consideran que los Programas de Adaptación
de Flota son el camino más directo para dar respuesta a los problemas del sector.
La flota española y gallega defiende como solución a la actual crisis del sector pesquero el achatarramiento de barcos para adaptarse a las posibilidades de pesca a pesar de que los Programas de Adaptación de Flota han creado controversia al haber otras fórmulas para reducir la capacidad, como las paradas temporales. La ex secretaria general de Pesca Marítima, Carmen Fraga, asegura que quizás fue un error haber construido hace 10 años tantos buques con subvenciones públicas
ANTÓN LUACES | A CORUÑA Los armadores españoles y gallegos consideran los Programas de Adaptación de Flota (PAF) permitidos por la Unión Europea como una medida para rentabilizar la pesca sin perder de vista el acceso al Fondo Europeo de la Pesca (FEP). Sin embargo, han creado controversia porque establecen la retirada del 30% de la capacidad de un determinado segmento de flota cuando existen otras posibilidades de regularización basadas en paradas temporales, el incremento de las ayudas de mínimis -la patronal demanda un mínimo de 100.000 euros por empresa- e incluso las inversiones a bordo de los barcos.
Los PAF, aseguran los armadores, son el camino más directo para dar respuesta a los problemas que acucian al sector: los bajos precios en primera venta como consecuencia de la importación y la competencia de pescado de terceros países y la llegada a España de pescado procedente de la pesca ilegal (IUU).
El primer paso lo dio la patronal pesquera Cepesca, presentando cuatro planes para las flotas gransolera, arrastreros congeladores en caladeros lejanos, palangre de superficie y en los caladeros del Cantábrico noroeste. Los armadores afirman que son barcos que dejan la actividad para que los que queden sobrevivan, pero en competencia. Sin embargo, los sindicatos alertan de que los desguaces también dejarán marineros en el paro, justo cuando vuelven al mar decenas de los que lo habían abandonado para ir a la construcción o a la hostelería.
Con estos PAF, Galicia tendría que achatarrar 46 buques, muchos de ellos con menos de diez años de vida y una media de 15 personas a bordo, lo que supone que haya 700 tripulantes abocados a figurar en las listas de desempleo.
La ex secretaria general de Pesca Marítima, Carmen Fraga Estévez, considera que "los PAF tienen que ir adelante porque son propuestas del propio sector y cuándo este quiere retirar capacidad es porque ya no puede más y necesita una ayuda". "Muchos armadores no quisieran llegar a este extremo del desguace, pero se les plantea sobrevivir. Es el momento de llevar esto adelante porque este tipo de ayudas van a acabarse", sentencia Fraga.
La hija del que fue presidente de la Xunta durante casi dos décadas, Manuel Fraga, asegura que de los barcos gallegos afectados por el PAF tienen problemas por los precios del pescado "que están por los suelos gracias a que la Administración central no controla como debería la entrada de pescado ilegal, que contribuye a la ruina de nuestros buques". "Me parece vergonzoso y, encima, no les ayudan a desguazar cuando ellos quieren", lamenta Fraga.
Al planteamiento de que muchos de esos 46 buques son válidos para seguir pescando y que fueron construidos con ayudas de las administraciones y que con el desguace recibirían nuevas subvenciones responde que "posiblemente estos buques no tendrían que haberse construido. La situación de la pesca cambia día a día, hay menos recursos y hay que adaptarse".
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