La Xunta negocia con Medio Marino una prórroga a la regularización de la flota
El sector reclama flexibilidad para que se aumente la potencia máxima de las embarcaciones porque "alrededor del 35% de los buques, por seguridad, tienen más caballaje del permitido".
MANUEL BARRAL | A CORUÑA El fin del plazo para regularizar la flota artesanal gallega y española termina en junio y la Consellería do Mar negocia con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino una prórroga para que los armadores de la comunidad tengan más tiempo, puedan cumplir con la normativa y no se queden con sus buques en situación irregular a partir del próximo mes. Fuentes del departamento que dirige Rosa Quintana explicaron ayer que la próxima semana la Administración autonómica se reunirá con el Gobierno central para lograr que se amplíe el plazo y "la flota gallega no se vea perjudicada".
Aunque la Xunta no aclaró cuánto tiempo pedirá al Ministerio de Medio Marino para la regularización, el sector asegura que se necesita al menos un año para que todos los armadores puedan notificar aquellas características de sus buques que no coinciden con los registros y el censo de la flota. El presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, Benito González, aseguró que la prórroga que negocia la Consellería do Mar "es necesaria" y espera que el Ministerio de Medio Marino acceda a la petición de la Xunta y del propio sector y amplíe el periodo actual. "Estamos pendientes de esa respuesta del Gobierno porque el sector necesita más tiempo para cumplir con lo que establece la ley", explicó González.
Los pósitos también advierten de que "es necesario introducir cambios en la normativa actual y que haya flexibilidad en la potencia de los motores, porque muchos barcos, por seguridad, tienen más caballaje del permitido".
Potencia de los buques
Por ello, el presidente de las cofradías gallegas reclamó que se amplíe la potencia máxima de las distintas embarcaciones para que los pescadores puedan trabajar diariamente "con mejores prestaciones y más seguros". Además, destacó que alrededor del 35% de la flota gallega que está pendiente de ser regularizada -más de 2.000 buques- tiene este problema y que ampliar los márgenes "sería una forma sencilla de solucionarlo".
Precisamente, el punto que menos gusta al sector, dentro del proceso de regularización de pesqueros, es la obligación de aportar bajas en aquellos barcos que, por sus nuevas características, supongan un aumento del arqueo o de la potencia de los motores.
La normativa indica que estas compensaciones se realizarán en base a "los mismos criterios aplicables a la construcción y modernización de buques pesqueros" y que las bajas presentadas deben pertenecer a la misma modalidad de pesca que los buques que se pretenden regularizar, teniendo la obligación de ir al desguace una vez que las administraciones admitan los cambios. Sin embargo, el número de buques que pueden beneficiarse del achatarramiento de otra embarcación no puede superar las diez unidades y deben pertenecer todos al mismo puerto base.
Los pósitos también creen que debe haber ayudas a los armadores y que no se debería pagar por los incrementos de arqueo o potencia, asuntos que esperan que la Xunta trate en su reunión con el Ministerio de Medio Marino.
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