Consenso = disenso

Políticamente hablando, la posibilidad de disentir sólo se baraja en términos admisibles en una democracia bien asentada

ANTÓN LUACES Lo que ya no es de recibo -tampoco en democracia- es el intentar colar cuando interesa el famoso "Donde dije digo digo Diego".

Todo esto se da, ahora, en Galicia, a cuento de la aprobación, la semana pasada, por el Parlamento gallego del aplazamiento hasta diciembre de la Lei de Pesca (propiciada por el anterior ejecutivo autonómico y que tendría que entrar en vigor el próximo mes de junio) si nos atenemos a los grandes silencios observados, las manifestaciones a favor y en contra (pocas por parte del sector) y la posibilidad de que la reforma de la Lei de Pesca presentada hace meses por la anterior conselleira, sea recurrida en el próximo futuro por el Gobierno central si las modificaciones del PP son tan sustanciales que no se deja al texto ni siquiera el marchamo socialista.

El Gobierno de Núñez Feijóo utilizará en los asuntos de la mar y hasta el año que viene la Lei de Pesca de 1993, la de creación del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar) de 2004, la Lei de Confrarías de Pescadores de Galicia de 1993, la del Servicio de Guardacostas de Galicia de 2004 y hasta la Ley de Protección, Control, Infracciones y Sanciones en materia marítimo-pesquera de 2004. Era el compromiso de la Xunta presidida por Feijóo y es, al parecer, lo que quiere el sector. Este, por cierto, casi en silencio cuando se promulgó la Lei de Pesca de Carmen Gallego, quien dijo en su momento que había sido consensuada con el 90% del mismo. Si, entonces, el sector la apoyaba, no se explica que el disenso suba actualmente de decibelios. Por ejemplo: la Federación Galega de Confrarías presentó numerosas alegaciones, que ahora tendrían que ser estudiadas si esa Lei de Pesca siguiera los pasos establecidos por el gobierno de Pérez Touriño. Los pósitos dicen no haber aceptado, bajo ningún concepto, la propuesta del bipartito y esperan la reforma de la ley, porque la pretensión de la Consellería, en tiempos de Carmen Gallego -aseguran las cofradías- era regularla por decreto. Reconocen que, efectivamente, el sector rechaza el permiso de pesca -permex- que otra vez entrará en vigor, aunque sea circunstancialmente, pero confían en que la Xunta actual mantenga el sistema de licencia.

Sin embargo, en su momento se habló de que el disenso entre Xunta y cofradías nacía del hecho del no reconocimiento por la Consellería de que aquellas se pudieran constituir a partir de un mínimo de tres socios y la posibilidad de refundir cofradías para evitar que se produzcan situaciones de infrautilización de estas corporaciones de derecho público en casos como -y es sólo un ejemplo- los de municipios como Ribeira, con tres cofradías; Vilagarcía, Camariñas, Cangas, etc., con dos cada uno.

La ley socialista, además, destinaba el Intecmar a convertirse en un centro de investigación público y facilitaba la reconversión del servicio de Gardacostas, la concesión administrativa en la explotación de los recursos marisqueros a pie como medio de lucha contra el furtivismo, etc.

La decisión adoptada en el Parlamento gallego es el primer paso de la Xunta del PP para afrontar la anunciada modificación de una ley que, habiéndose anunciado como ampliamente consensuada, ahora es el reflejo del disenso. Alguien falta a la verdad.

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