El Gobierno habrá de esperar a que los piratas sean juzgados para poder enviarlos a Somalia
SECUESTRO EN EL INDICO
El juez Pedraz tomará declaración a los infantes de marina que detuvieron a los dos jóvenes somalíes
Una salida judicial no es factible hasta que el magistrado de la Audiencia Nacional dé por concluida la instrucción de la causa.
Es más que probable que el desenlace del drama que viven los 36 tripulantes del atunero Alakrana no se produzca hasta las Navidades.
La solución legal a la situación de los dos piratas detenidos en España -algo que parece que ya asumen como ineludible todas las partes afectadas por el conflicto- pasa, según distintas fuentes judiciales de la Audiencia Nacional consultadas por La Voz, por continuar con la instrucción de la causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que dirige el juez Santiago Pedraz, acelerándola al máximo, eso sí. Después, habrá que presentar escritos de acusación y de defensa por las partes personadas -en este caso la Fiscalía y los abogados particulares de los somalíes- e inmediatamente celebrar el juicio oral contra los dos jóvenes.? Una vez que la sentencia sea firme -en principio a nadie le va interesar recurrirla-, el Gobierno ya tiene las manos libres para hacer lo que estime más conveniente.
En este esquema encajan las declaraciones realizadas ayer a una emisora de radio por la ministra de Defensa, Carme Chacón, en las que aseguró: «Estamos haciendo todos los esfuerzos jurídicos y legales para que, enjuiciando y condenando aquí a estos dos piratas, cumplan su condena en Somalia». Chacón insistió en que «todas las opciones barajadas estarán dentro de las leyes» y con el «objetivo muy claro» de que presenten «cuanto antes a casa» los secuestrados.
Con este esquema de trabajo, el juez Pedraz ya dio a conocer los pasos que prevé seguir para continuar con la instrucción del proceso: análisis de las llamadas de los teléfonos móviles de los detenidos, tomar declaración a los infantes de Marina que participaron en las detenciones e, incluso, interrogar de nuevo a los detenidos, así como citar al armador del Alakrana para ofrecerle que se persone como perjudicado. Con todos esos datos en la mano podrá dictar el auto de procesamiento que siempre será revisable por el pleno de la Sala de lo Penal. Todos estos trámites, según fuentes conocedoras de la dinámica judicial, por mucho que se acelere, necesitan entre 15 días y un mes.? La vía de la expulsión inmediata de los dos detenidos al amparo de la ley de extranjería sugerida por el abogado de los somalíes es considerada como totalmente inviable, porque la propia ley excluye la aplicación de dicha medida en caso de que haya delitos de asociación ilícita.
La cesión de jurisdicción tampoco es aplicable en este caso, porque requiere un acuerdo previo entre las dos Administraciones y que se asegure que van a ser juzgados en el otro país con todas las garantías, algo que no existe en un Estado fallido como es Somalia.
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