El juez interroga durante dos horas al jefe de Portos, acusado de prevaricar
Álvarez-Campana se escuda en un informe de la UE sobre la etapa del bipartito
Tras dos horas de interrogatorio, el presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, se marchó ayer sonriente del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago. Acusado por la fiscalía de prevaricación medioambiental y urbanística por haber aprobado una declaración de impacto ambiental irregular de la piscifactoría de Rinlo (Ribadeo) cuando era director general de Calidade e Avaliación Ambiental en el último Gobierno de Manuel Fraga. Ese proyecto lo paralizó un juez en 2005 y tiene en contra dos sentencias de 2009 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Álvarez-Campana esgrimió en su defensa, según fuentes judiciales, el único documento que avala la legalidad de la planta: una resolución de la Comisión Europea de 2007 que no apreciaba infracciones del derecho comunitario. Y ello porque aceptaba los cambios presentados en el proyecto después de la salida de Álvarez-Campana del Gobierno, ya con el bipartito en el poder, que reducían considerablemente la afectación de la planta a la Red Natura.
"Estoy tranquilo", declaró al salir, si bien rechazó comentar los pormenores de su declaración. El fiscal especializado en Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, le acusa de actuar dejando de lado los criterios ambientales para salvaguardar "intereses ajenos de naturaleza económica". Álvarez-Campana prefirió ayer guardar silencio sobre una acusación de la que sí se defendió el mes pasado. Entonces aventuró que tanto el fiscal al querellarse como los magistrados del TSXG cuando anularon la declaración se habían equivocado por la complejidad de la normativa y el exceso de trabajo.
El escrito de la Comisión Europea, en el que también se escudan la Consellería do Mar y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, llegó en respuesta a una denuncia de la asociación ecologista Adega, que batalló desde el principio contra la piscifactoría y que no insistió en su reclamación administrativa porque el juez ya había paralizado las obras. La querella que se tramita ahora llegó, de hecho, tras una denuncia de Adega a la fiscalía.
El colectivo trata ahora de sumarse a la querella como acusación popular, pero todavía no ha reunido los 10.000 euros que el juez Javier Míguez ha fijado como fianza. Fuentes de la investigación se muestran sorprendidas sobre lo elevado de la cuantía. En el proceso contra el juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, la fianza exigida al sindicato Manos Limpias, único sostén de la querella, fue de 6.000 euros.
Link: www.elpais.com
