Mar reclama otro proceso para regularizar los barcos gallegos que no superen el actual
El periodo para normalizar la situación de 2.440 embarcaciones con base en Galicia finaliza el 24 de octubre. El Gobierno emitió informes desfavorables para más de 1.100 unidades.
A. LUACES / M. B. | A CORUÑA El proceso de regularización de la flota gallega -que pretende poner fin a la existencia de embarcaciones de pesca con caracterÃsticas distintas a las que aparecen en los registros- se encuentra en fase de recursos pero la ConsellerÃa do Mar ya anunció ayer que va a reclamar en los próximos dÃas al Gobierno central que habilite nuevos plazos para que las unidades que pasado el 24 de octubre no hayan podido actualizar su situación no queden en la ilegalidad. La Xunta explicó que un total de 2.440 barcos gallegos solicitaron la regularización y, de los 2.118 expedientes que se tramitan actualmente, 2.043 ya recibieron el informe de la SecretarÃa General del Mar. De estos, sólo 901 pesqueros, el 41%, obtuvieron una respuesta favorable para su legalización, mientras que 1.142 tienen informes desfavorables, lo que supone un 56% de los que recibieron contestación.
El director xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica de la ConsellerÃa do Mar, Juan Maneiro, explicó en el Parlamento gallego que, de los informes con resolución negativa, 41 son por no necesitar la regularización o no haber variación en las medidas o potencias de las embarcaciones, 571 por haberse sometido a un proceso anterior para legalizar su situación, por lo que quedarÃan en un "limbo administrativo", y 530 por tratarse de unidades que deben aportar bajas sobre potencia o sobre toneladas de arqueo bruto.
Ante la posibilidad de que más de 1.000 embarcaciones queden fuera del proceso actual y en situación irregular, el representante del Ejecutivo gallego defendió el "compromiso firme" de la Xunta para que ninguna de estas unidades cause baja de oficio en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, "sobre todo ante la coyuntura económica y social actual".
Maneiro quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los marineros y mariscadores afectados, puesto que la mayor parte de los buques que deben actualizar sus datos pertenece a la flota de artes menores: 2.138 de las 2.440 en situación irregular, un 88% del total.
La diputada del PSdeG Marisol Soneira defendió la necesidad de realizar un proceso de regularización para "que la realidad legal coincida con la realidad formal" de la flota. Además, criticó que la Xunta se escude en que las competencias son del Gobierno central y se limite a actuar "como si fuera un jefe de servicio" o como "un gestor administrativo", cuando su cargo es polÃtico.
Mientras, el diputado del BNG Bieito Lobeira, acusó a Maneiro y a la Xunta de "surrealismo polÃtico" por un "proceso demencial" de una legislación española también "demencial". "Preferimos un conflicto institucional" entre el Gobierno central y el gallego "a que desaparezcan 571 embarcaciones", dijo Lobeira, que apuntó que "más de 1.000 barcos van a quedar en un limbo administrativo". El portavoz nacionalista también insinuó que la situación actual responde a una estrategia diseñada por Bruselas, de la que Madrid es cómplice y Galicia la vÃctima, para reducir la flota de la comunidad gallega.
El proceso de regularización debÃa concluir en octubre del año pasado pero la ConsellerÃa do Mar solicitó a la SecretarÃa General del Mar dos prórrogas de seis meses ante la imposibilidad de completar todos los trámites dentro de los plazos establecidos. Ahora está previsto que el 24 de octubre haya finalizado, aunque con muchas embarcaciones en la misma situación que cuando se publicó la normativa que regula este procedimiento, en el año 2007.
El sector pesquero gallego es el más afectado por el proceso de legalización de pesqueros, seguido del andaluz, con sólo 230 unidades en situación irregular, lo que equivale a un 10% de las solicitudes presentadas en Galicia.
Los barcos de la comunidad gallega tienen como anomalÃas más frecuentes el tener una manga o eslora diferente a la declarada, estar construidos con un material distinto al que aparece en el registro o poseer motores con potencia superior a la permitida. Este último problema, exigen desde el sector, debe solucionarse sin sanciones para los armadores pues consideran que "mayor potencia no significa mayor actividad extractiva sino mejoras en seguridad". Los armadores esperan que la SecretarÃa General del Mar sea "flexible" para no perjudicar económicamente a la flota.
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