Feijóo y Vázquez se acusan de favorecer a sus amigos con los seguros marítimos
D. D. / P. P. SANTIAGO / VIGO El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el líder del PSdeG, Manuel Vázquez, se acusaron ayer mutuamente de favorecer a intereses amigos en la suscripción del seguro del mar para la flota gallega. Vázquez reprochó al presidente gallego la eliminación desde el 1 de octubre del seguro colectivo del mar, por el que la Xunta pagaba un millón de euros y que garantizaba el pago por muerte o invalidez en accidente en el mar a las familias de las víctimas. Además, según el líder del PSdeG, este seguro también garantizaba el pago de los estudios a los hijos de los fallecidos en siniestro marítimos.
Vázquez se preguntó si no había otro lugar en los presupuestos para reducir un millón de euros, como una goleta de recreo que construirá el Ejecutivo gallego y que costará 1,9 millones de euros.
El titular de la Xunta respondió al socialista que hay alguna empresa "a la que querían beneficiar" que ofrecía un seguro que valía para "poco o nada" y que por ese motivo el Gobierno gallego hizo un seguro "en el que participa todo el sector del mar y las cofradías".
La conselleira del Mar, Rosa Quintana, explicó que el citado seguro de la Xunta no garantizaba la cobertura a la flota de bajura y que, además, en la mayoría de casos había contratos extranjeros. Afirmó también que este seguro eximía la responsabilidad civil, obligatoria desde la entrada en vigor de la Ley de Pesca en enero pasado y que fue introducida en la legislación aprobada en la anterior legislatura por el bipartito. La entrada en vigor de esta normativa fue suspendida y posteriormente la Xunta aprobó modificaciones que fueron adoptadas en diciembre del pasado año, aunque no afectaban a la obligatoriedad de suscribir una póliza con responsabilidad civil.
El 8 de octubre la conselleira presentó la cobertura de la agencia Polar Seguros Marítimos, respaldada por Mapfre, que está integrada por las cuatro federaciones de cofradías gallegas, la cooperativa de armadores de Vigo y Remolcanosa.
En base a los contratos, el Gobierno pagará el 25% de la póliza suscrita con esta compañía o con otras que oferten este seguro, según indicó Rosa Quintana.
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