El sector vaticina una crisis inédita y la pérdida de miles de empleos si la comisaria de Pesca no cambia de gestión
El sector pesquero español instó ayer a la UE a que dé cuanto antes un enérgico golpe de timón sobre su actual política pesquera, dirigida por la comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca, la griega María Damanaki, ya que la programación de medidas a corto plazo de este departamento tienen una clara deriva cara a un escenario restrictivo hacia los propios socios comunitarios y, por el contrario, es favorecedor para los terceros países. Esto supondrá a medio plazo «la pérdida de miles de puestos de trabajo», no solo en la propia UE, sino en muchos países terceros con los que empresas de los Veintisiete mantienen importantes vínculos mercantiles y comerciales a base de inversiones previas «alentadas por la propia Comisión Europea».
En una comparecencia pública conjunta celebrada en Vigo, en la que estuvieron presentes el secretario general de Cepesca, Javier Garat; el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Javier Touza; y el secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco), Juan Manuel Vieites, se puso de manifiesto el estado de crispación que ha generado por sus últimas decisiones la comisaria y las que podría suponer si no cambia el rumbo de sus medidas.
Reforma de la política pequera
La llamada Declaración de Vigo es una recomendación implícita, aunque no se cita expresamente, a la eurocomisaria de Pesca para que reflexione profundamente sobre su hoja de ruta, más aún cuando los Estados empezarán en los próximos meses a negociar en serio la reforma de la política pesquera común (PPC) para que empiece a aplicarse en el 2013.? Las razones para que los responsables de la patronal del sector extractivo y conservero de España hayan salido con sus argumentos en este momento y veladamente en contra la gestión de Damanaki, responde a dos medidas fundamentales: la primera es la más reciente, vinculada a los TAC y cuotas para el 2011 acordados en la reunión del Consejo de la UE de Ministros de Pesca, de los que la flota española no se considera bien parada. La segunda de las razones se refiere al caso de Papúa-Nueva Guinea, a la que se permitirá que la pesca que se exporte desde ese país, no sea necesariamente pescada en sus aguas, como se desarrollaba hasta ahora por la regla de pesca en origen.
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